Isabel Navia
La eliminación del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, en agosto, generó incertidumbre en el sector cultural y preocupación por el destino de proyectos, programas y atribuciones que dependían de esa cartera.
Uno de los temas que más repercusión ha generado es el destino del Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ), el repositorio histórico y cultural más antiguo del país, ubicado en el Palacio Tiwanaku, en La Paz, declarado Monumento Nacional en 1990, aunque ello no ha impedido su abandono y progresivo deterioro, siendo que alberga más de 75.000 bienes arqueológicos y etnográficos.
En los últimos diez años, la entidad ha funcionado sin una dirección titular independiente y continua, debido a cambios administrativos y reducciones de personal en el Ministerio de Culturas. En mayo de 2015, hubo un interinato, tras la renuncia de Julio Alejandro Ballivián, quien había permanecido cerca de cuatro años en el cargo. Posteriormente, la gestión quedó en manos de encargados técnicos y administrativos sin que se registraran designaciones oficiales de directores exclusivos.
Como un intento de resolver esta crítica situación, se ha presentado el proyecto de Ley N.º 644/2025-2026, que propone transferir la administración del MUNARQ a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), y que ha recibido el respaldo de varias instituciones, así como del historiador Carlos Mesa. La discusión gira en torno a las dificultades institucionales y presupuestarias del museo y a las garantías necesarias para preservar su patrimonio.
Urgencia de soluciones
En un pronunciamiento del 8 de octubre, la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP) describe una situación crítica marcada por la insuficiencia presupuestaria, la reducción de personal, el deterioro de la infraestructura, las deficiencias en los inventarios y la inestabilidad administrativa. La organización, que lleva dos décadas dedicada a la defensa del patrimonio arqueológico boliviano, considera que la transferencia es la alternativa más adecuada para superar estas dificultades.
La Asociación de Estudios Bolivianos (AEB), en un documento del 12 de octubre, también advierte que las limitaciones presupuestarias y de personal comprometen la conservación, la investigación y el acceso público a las colecciones. También precisa que el cambio administrativo debe acompañarse de garantías presupuestarias, continuidad del personal especializado y políticas sostenidas de conservación e investigación.
Por su parte, la Academia Boliviana de la Historia considera que la incorporación del museo a la FC-BCB permitiría organizar los principales repositorios culturales nacionales bajo la tuición de una sola institución, aprovechando su experiencia en gestión y administración.
Carlos Lémuz, representante de la SALP, también ha cuestionado la prolongada postergación del MUNARQ por parte de las sucesivas gestiones estatales de cultura, subrayando que su valor trasciende la exhibición de piezas: alberga materiales científicos, documentos originales de trabajo de campo y muestras únicas indispensables para la investigación. Su pérdida o deterioro afectaría no solo la memoria histórica, sino también las posibilidades de generar nuevos conocimientos.
En el artículo Un Museo para una Fundación, publicado el 13 de octubre, Carlos D. Mesa desarrolla una argumentación histórica y patrimonial a favor de la transferencia. Destaca la importancia del museo, su edificio vinculado a Arturo Posnansky y el valor de sus colecciones, afirmando que la FC-BCB es la institución más adecuada para asumir su administración.
La FC-BCB administra actualmente espacios como la Casa Nacional de Moneda, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Casa de la Libertad, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, el Museo Nacional de Arte y el Centro de la Cultura Plurinacional. La experiencia acumulada en estos repositorios constituye uno de los principales argumentos a favor de transferirle la administración del MUNARQ.
Comprender el desafío
La discusión no se agota en determinar qué institución debe administrar el museo. El eventual cambio institucional solo tendrá sentido si se traduce en una mejora efectiva y sostenible, respaldada por recursos suficientes, personal especializado y políticas de largo plazo. En definitiva, se trata de proteger algo que parece recibir poca atención de la clase política: el conocimiento.
Un repositorio arqueológico aporta a la ciencia, la historia, la cultura y la educación. Bien administrado, con recursos, personal idóneo y condiciones para investigar de manera sostenida, puede propiciar descubrimientos capaces de transformar nuestra comprensión del pasado y el lugar que ocupamos en el mundo.
Pero para ello es necesario reconocer el valor del conocimiento y asumir que protegerlo no es un gasto prescindible, sino una responsabilidad con el presente y con las futuras generaciones.
Isabel Navia es comunicadora y periodista.
Foto de portada tomada de whichmuseum.com.