H.C.F. Mansilla
En Bolivia se podría mejorar el funcionamiento de muchas cosas sin grandes gastos, si la mentalidad general del país lo permitiera. En una palabra: algunas deficiencias – no todas, por supuesto –, que dificultan la vida cotidiana de miles de personas, podrían ser aminoradas mediante el uso de un sentido común crítico, el más escaso de los sentidos. Precisamente el culto laudatorio de lo nacional-popular impide ver dónde se encuentran algunos problemas y cómo se podría disminuir su impacto social. Como todo fenómeno humano lo nacional-popular abarca también elementos irracionales, pautas consuetudinarias de comportamiento y prejuicios de vienen de muy atrás, que los intelectuales progresistas se niegan a percibir. Las pautas colectivas de pensamiento y comportamiento, que tienden a preservar valores devenidos caducos, evitan un análisis profundo del mal desempeño de los servicios públicos.
Durante la era colonial la administración estatal desconocía una vocación de servicio a la comunidad. Ni las normas legales ni las prácticas ordinarias de los funcionarios preveían algo así como prestaciones de servicios en favor del público, a las cuales la burocracia hubiera estado obligada por ley. El “vuélvase mañana” era entonces algo común y corriente para conseguir un pequeño soborno. Las actuaciones de la administración colonial eran más bien actos de gracia, que dependían a menudo del buen parecer del funcionario en cuestión. Esto conllevaba el uso abusivo y permanente de poderes discrecionales, lo que significó en la realidad una dilatada corrupción estructural. Los actos de gracia del Estado en favor de los súbditos debían ser respondidos con un profundo agradecimiento de parte de estos últimos, especialmente en forma pecuniaria. El conocido proverbio colonial: “Para el amigo, todo; para el enemigo la ley”, describe aún hoy las prácticas cotidianas de las instancias y de los funcionarios estatales.
Algunos elementos de esta tradición han perdurado hasta hoy. Por ejemplo: si la administración pública y el Poder Judicial cometen errores, rara vez los admiten como tales, aunque se trate de una práctica repetitiva. El pobre ciudadano tiene que preocuparse de enmendarlos ante funcionarios altaneros y mal instruidos que nunca se imaginan que pueden equivocarse. Es el ciudadano – o mejor dicho: el súbdito – el que con infinita paciencia tiene que correr con todos los costos de la corrección. En general la burocracia estatal no indemniza a los perjudicados por el daño causado y menos por la pérdida de tiempo. Uno pensaría ingenuamente que en las universidades públicas – aparentemente las fuentes del saber, de la razón práctica y del progreso intelectual – los fenómenos del burocratismo y los códigos paralelos de conducta se hallan en franco retroceso. Nada más alejado de la prosaica realidad. En estas “casas superiores del saber” la tramitología, los arreglos detrás de bambalinas y el desinterés por el espíritu crítico alcanzan alturas dignas de admiración.
Pese a disposiciones legales existentes, las actuaciones de los funcionarios públicos no pueden ser sometidas efectivamente a un control estatal accesible al ciudadano común. Si en una repartición pública alguien protesta enérgicamente dentro del marco legal reclamando por la vulneración de sus derechos, el ciudadano lleva las de perder. Lo curioso reside en el hecho de que la sociedad boliviana quiere modernizarse de modo acelerado, pero ningún sector social importante exige la simplificación (o anulación) de los engorrosos trámites y una administración pública que reconozca y enmiende sus errores.
Ser cliente, usuario, peatón y ciudadano es un verdadero infortunio. Aquí el cliente, el usuario y el ciudadano agradecen al taxista, al dependiente de la tienda o al empleado público, quienes contemplan desde arriba, displicentes y autosatisfechos, a los pobres súbditos, a quienes acaban de hacer la merced de un generoso favor. El Estado, las grandes empresas de electricidad, teléfonos y agua, las tiendas, los transportes públicos y los bancos no están al servicio del ciudadano, del usuario y del cliente, sino que estos están al servicio de estas instituciones. Esta constelación se agrava a causa del carácter autoritario de la sociedad boliviana. Innumerables ciudadanos de este país creen tener razón por derecho divino. Desde los plomeros hasta los políticos, desde los conductores de automóvil hasta los médicos: todos se arrogan el monopolio de la verdad, casi nunca admiten una equivocación y no indemnizan a sus víctimas por sus errores.
Esta inferioridad innata del ciudadano frente a la organización, por más pequeña que esta sea, tiene su fundamento y su justificación en la dignidad ontológica inferior del individuo con respecto a la colectividad. Contra esta tesis se puede alegar que los bolivianos de casi todos los estratos sociales y ámbitos geográficos se distinguen por un acendrado individualismo: defienden con garras y uñas su propiedad, negocio y herencia, perjudican al prójimo con tal de obtener pequeñas ventajas personales, descuidan casi deliberadamente los asuntos comunales y no contribuyen a un espíritu cívico de ayuda mutua. Este conjunto de actitudes no conforma, empero, un genuino individualismo liberal, tolerante y esclarecido, sino una defensa bastante primitiva de sujetos que tienen algo que perder. Es una postura que se niega a reconocer méritos y logros individuales; denigra a los que realmente se destacan y trata de nivelar a todo el grupo social para que el talento auténtico no pueda surgir. Configura, en el fondo, una variante del colectivismo.
Este carácter colectivista se manifiesta, por ejemplo, en el poco valor atribuido a la vida de las personas concretas. En las calles y carreteras ocurren a menudo terribles accidentes, pero los responsables no son castigados y las causas y las circunstancias de estos percances no son investigadas. Se tomarán medidas serias recién cuando una de estas contingencias signifique una hecatombe con miles de muertos. La colectividad boliviana premia todavía el acomodo fácil y la integración al modo de vida prevaleciente, y rechaza al disidente, al que piensa y obra de modo autónomo, al que se desvía del grupo y al que exhibe espíritu crítico. Está mal visto que alguien desapruebe el ruido de las calles, las alarmas desbocadas de los vehículos y la falta de estética pública. El que censura los cables eléctricos y telefónicos por encima de las calles, el desportillado aspecto exterior de las construcciones y las aceras, el poco amor por el detalle y los acabados en cualquier trabajo, resulta un extraño, un extranjero, un desadaptado. El cultivo de sutilezas no es precisamente el fuerte de la nación boliviana, y por ello no hay una tradición científica vigorosa.
H.C.F. Mansilla es filósofo y politólogo.